El PP reprime la protesta

Frente a un clima de protesta social el PP reacciona de la manera esperada. Con un anteproyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana que endurece las sanciones y penas por manifestarse. Está claro el efecto disuasorio y de intimidar. También cabe recordar que la palabra de un agente del orden tiene presunción de veracidad frente a la de un ciudadano o ciudadana. Se pretende lavar la imagen de los cuerpos de seguridad y sus abusos endureciendo las sanciones, pero que no se ponga el mismo énfasis en erradicar los abusos policiales. Ni tampoco obviamente en promulgar unas medidas sociales que evitaran el tener que salir a la calle a defender unos derechos que tanto ha costado conseguir.

Es paradójico que sea una infracción administrativa grave el insultar, vejar, amenazar o coaccionar a un policía, sancionado con multas de entre 1001 y 30000 euros. Más numerosos son los casos al contrario tanto en la calle como en comisarías. Y muy grave con sanciones de entre 30001 y 600000 euros el difundir imágenes de un policía. Esto directamente coarta el derecho a la información. Puede darse el caso de un periodista que documente un abuso policial pero no pueda mostrarlo por esa coacción de ser sancionado. Nadie los criticaría en redes sociales si cumplieran con su obligación de defender y proteger a la ciudadanía en vez de los intereses de los poderosos.