De Argentina ha de venir la inicitiva judicial para procesar a cuatro torturadores españoles protegidos por la ley de amnistía. Una ley que no puede dar impunidad a crímenes contra la humanidad que no prescriben. El trabajo de la abogada Marcela Messuti y seis abogados más ha conseguido que la jueza María Servini de Cubría impute a cuatro de los nueve acusados y pide su detención Internacional. Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. Los siguientes son el ministro de interior Rodolfo Martín Villa, el ex ministro franquista José Utrera Molina, suegro de Gallardón, el ex ministro de trabajo Fernando Suárez y los ex jueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.
Los caos son el asesinato de Salvador Puig Antich, los cinco obreros de Vitoria y de los últimos fusilados del franquismo. La diferencia es que en Argentina están juzgando a sus criminales de la dictadura de la junta militar porque derogaron la ley de punto final y obediencia debida y declararon nulos algunos indultos. Pero España sigue sacando pecho y dando lecciones por su "modélica" transición plagada de muertos y de impunidad.
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